La Fiscalía Anticorrupción sostiene que cada vez hay más indicios que apuntan que Florentino Pérez fue una víctima más de los espionajes de José Manuel Villarejo. El Ministerio Público ha respondido de manera negativa a la petición de dos exdirectivos de Iberdrola de retirar la condición de perjudicado que ostenta el empresario en este procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional. De hecho, apunta que se trata de una solicitud "prematura" y que cada vez hay más evidencias acerca de que uno de los trabajos que acometió el Grupo Cenyt en el año 2009 se centró exclusivamente en la figura del presidente del Real Madrid.
Los fiscales responden de esta manera al recurso interpuesto por el exnúmero dos de Iberdrola José Luis San Pedro y el directivo Juan Carlos Rebollo contra el auto del magistrado de enero en el que decidía mantener a Pérez como víctima del espía. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán siempre ha defendido que entre los trabajos que encargó a Cenyt jamás se incluyó un espionaje al empresario, descartando de ese modo que el proyecto Posy guardara relación con él. Por ese motivo los altos cargos -imputados en esta pieza decimoséptima del caso- solicitaron al instructor que le dejara como víctima solo en la pieza principal al no acreditarse pagos de Iberdrola, sino solo que Villarejo atesoraba información suya.
Facturas sin pedido
El magistrado Manuel García Castellón lo rechazó y ahora la Fiscalía hace lo propio en un escrito al que ha tenido acceso La Información y en el que explica que sí hay "elementos" que permiten vincular el proyecto del año 2009 con uno de los encargos realizados por el que fuera jefe de seguridad de Iberdrola, José Antonio Asenjo. Los agentes apuntan a todo el material encontrado en el domicilio del comisario jubilado y el de su socio Rafael Redondo tras el estallido de la operación en noviembre de 2017. Según explican, entre los documentos incautados se encuentra un informe denominado 'Avance II 16.3.09 Planes de FLO y la Comunidad de Madrid' que habría sido realizado dentro de este proyecto.
Igualmente apuntan a la existencia de una conversación mantenida por Redondo en relación a Pérez y, en concreto, al proyecto Posy, por el cual Iberdrola habría desembolsado un total de 3320.000 euros. El pago se realizó mediante dos abonos emitidos por la eléctrica de 160.080 euros y 71.920 euros, respectivamente, si bien los mismos se tramitaron como facturas sin pedido. Los fiscales que firman el escrito no pasan por alto que tramitaron de esta forma las entregas al entramado empresarial de Villarejo pese a que no lo permitían los protocolos internos. "Se incumplieron de esta forma las normas internas de tramitación de facturas", reza el escrito, el cual añade que esta línea de la investigación se encuentra en "plena instrucción" y que no se ha examinado todavía todo el material intervenido relativo a esta pieza.
"Las facturas, según confirmó José Antonio del Olmo, vendrían a referirse a trabajos confidenciales contratados por Iberdrola"
A falta de conocer el criterio final de la Sala de lo Penal, lo cierto es que la condición de víctima de Florentino Pérez ha sido un motivo de continuo enfrentamiento entre el presidente del Real Madrid y los directivos de Iberdrola. Ya en su declaración en sede judicial en enero del pasado año, Asenjo explicó que nunca se formalizó encargo alguno a Cenyt para espiar al presidente de ACS en un momento en que la constructora trataba de entrar en el capital de Iberdrola. Según explicó, fue el comisario el que ofreció sus servicios a la multinacional vasca por 10 millones de euros si bien ésta los declinó. En relación a los audios relativos a una conversación mantenida con el comisario y al que le aseguraba que le salía mejor "matar" al empresario, éste lo enmarcó dentro de una conversación en tono coloquial si bien Pérez consideró que eran motivo suficiente para figurar como perjudicado.
La demanda de Iberdrola
De hecho, incluso denunció en sus declaraciones ante el magistrado que un medio de comunicación intentó extorsionarle y le pidió un millón de euros a cambio de no publicar material suyo que guardaba el comisario y que lo habría vendido a dicho medio Gemma Alcalá, actual mujer del policía. Aunque esta pieza decimonovena no prosperó y se terminó archivando, no ocurrió lo mismo con la investigación sobre los encargos de Iberdrola entre los años 2004 y 2016. De todos ellos dos llamaron la atención de los investigadores al haber podido esconder un espionaje a Pérez. Se trata de los proyectos Gipsy y Posy. El primero de ellos tenía como objetivo verificar si el que fuera director de servicios generales de Iberdrola, José María Álvarez Vázquez, filtró información perniciosa de la eléctrica a un tercero que, a su vez, sería cercano a Florentino Pérez.
En este caso Iberdrola dio luz verde a un proyecto que se presupuestó en 138.000 euros y que tenía como fin último esclarecer si este directivo cobró comisiones a cambio de suministrar información negativa de Sánchez Galán al dueño de Intralecmark, empresa radicada en Madrid y dedicada al suministro eléctrico. Sobre este asunto concreto se pronunció Asenjo en sede judicial así como los directivos de Iberdrola los cuáles desligaron por completo el encargo de cualquier espionaje directo a Florentino Pérez. Ahora es la Fiscalía Anticorrupción la que respalda este argumento asegurando que fue "ajeno" a la figura del presidente del Real Madrid. Cuestión diferente ocurre con el proyecto Posy.
Demanda contra ACS
En este caso Asenjo negó su existencia mientras que los directivos imputados recalcaron que este trabajo no pasó de ser un informe provisional redactado por el comisario. Sin embargo, Anticorrupción sospecha que las facturas sin pedido giradas desde Iberdrola por 332.000 euros corresponden a este asunto el cual, según el directivo díscolo con Sánchez Galán, se encubrió bajo el concepto de trabajo confidencial. El propio José Antonio del Olmo -que pasó de testigo a figurar como imputado- dijo en su declaración el pasado mes de diciembre que la Dirección de Comunicación pidió presupuesto extraordinario de seis millones que podría haberse destinado a este espionaje, aunque no concretó su acusación. El que fuera director de Funciones Corporativas se convirtió en testigo clave del caso al denunciar la existencia de un circuito de facturas falsas dentro de la compañía para retribuir los servicios de Cenyt aunque el instructor le imputó por sospechas sobre la veracidad del documento en el que plasmó estas irregularidades.
Sea como fuere, la Fiscalía sostiene que hay motivos para mantener la condición de perjudicado al dueño de ACS, máxime cuando la causa está pendiente de analizar material incautado a los principales imputados del caso Tándem. En concreto, trabajan en el análisis de un total de 44 documentos aportados al procedimiento en noviembre y de los que solo se sabe que guardan relación con esta pieza del caso Tándem. Con todo, el enfrentamiento entre las partes ha trascendido del caso Villarejo y se ha abierto una nueva batalla jurídica después de que Iberdrola interpusiera una demanda contra ACS por supuesta competencia desleal. La eléctrica actuó al considerar que Pérez estaría detrás de la filtración al diario El Confidencial de que estaba preparando una demanda de 2.600 millones contra Iberdrola por el caso Villarejo. Pérez, por su parte, descartó la acusación.
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